Nicaragua
Ante desenlaces inciertos
Caminamos hacia las elecciones municipales de noviembre,
en un ambiente de desconfianza y desgano.
Desde el Congreso de Estados Unidos
la amenaza de la Nica Act se mantiene afilada
y en el gobierno la siguen considerando “administrable”.
En Venezuela se profundiza diariamente la crisis
y la OEA no logra forzar una salida.
Equipo Envío
El camino hacia las elecciones municipales del 5 de noviembre avanza en Nicaragua bajo la dirección del mismo Consejo Supremo Electoral que ha gestionado fraudulentamente anteriores elecciones. ¿Qué aportará al desenlace la presencia de los observadores de la OEA? El camino hacia la aprobación de la Nica Act avanza en Estados Unidos bajo la dirección de organizados e influyentes congresistas cubano-americanos. ¿Suavizarán el proyecto o lo endurecerán? El camino hacia la reconversión del modelo chavista en un modelo al estilo cubano avanza en Venezuela bajo la dirección del Presidente Nicolás Maduro. ¿Lo logrará Maduro o será la OEA la que logre una transición pacífica?
Nicaragua llega al 38 aniversario de una Revolución que provocó tantas esperanzas en nuestro país, en el continente y más allá, en un contexto internacional preñado de incertidumbres y cuesta imaginar los desenlaces.
MIRANDO A VENEZUELA
La crisis venezolana, con sus manifestaciones diarias, sus jóvenes muertos a tiros en las calles y la obcecación de Maduro y los suyos en mantenerse en el poder a cualquier precio, ahora convocando a una asamblea constituyente que transmutará el modelo chavista, en el que había rasgos democráticos, en un modelo de concentración de poder al estilo cubano -como explica en más detalle el historiador Rafael Rojas en el último texto de este número-, es noticia diaria en Nicaragua, en América Latina y más allá.
Además de a la secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA), empeñada en liderar una solución a la crisis venezolana, es a Nicaragua a quien más interesa el desenlace del conflicto venezolano.
“Ortega es el alma gemela de Maduro”, declaró en Washington la congresista Ileana Ros-Lehtinen, promotora de la Nica Act, un proyecto de ley que condiciona préstamos internacionales a Nicaragua mientras no haya elecciones libres en nuestro país. Y en Managua, el ex-embajador Bosco Matamoros repite con insistencia que Venezuela y Nicaragua aparecen “hermanadas” en los análisis que sobre Amé-rica Latina hacen hoy funcionarios estadounidenses.
CÓMO NOS MIRAN
Este mes la Casa Blanca sentó clara posición sobre la crisis venezolana.
Hablando a los representantes de gobiernos y empresarios de los tres países del triángulo norte centroamericano (El Salvador, Guatemala y Honduras) en el evento “Seguridad y Prosperidad”, celebrado en Miami a mitad de junio -donde estuvieron también representantes de la cúpula empresarial nicaragüense, principales aliados del gobierno de Ortega-, el Vicepresidente Mike Pence expresó con énfasis: “Todos debemos levantar nuestra voz para denunciar el abuso de poder en Venezuela y debemos hacerlo ahora”.
Pence también advirtió de la “decisión definitiva” de Donald Trump de “desmantelar cárteles de la droga” en la región centroamericana.
Días después otro alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, subsecretario adjunto para Asuntos Andinos, Brasileños y del Cono Sur, cuestionó el proyecto de asamblea constituyente promovido por Maduro y reiteró que Washington mantiene la posibilidad de ampliar la lista de funcionarios del gobierno venezolano sancionados:
“No queremos en Estados Unidos -dijo- a violadores de derechos humanos ni a lavadores de activos ni a personas involucradas en la corrupción masiva, en la destrucción de la democracia. No son bienvenidos a los Estados Unidos y mucho menos es bienvenida su plata al sistema financiero”.
Por su parte, el Congreso también empieza a apuntar hacia quienes durante estos años se beneficiaron con la cooperación petrolera venezolana. Terminando junio, un grupo de 14 congresistas, entre los que aparece Ros-Lehtinen, solicitaron al Departamento del Tesoro de Estados Unidos investigar las actividades financieras de José Luis Merino, vicecanciller de El Salvador y número tres en las estructuras del FMLN.
Le solicitan lo indague bajo la Ley para Designación de Cabecillas del Narcotráfico en el Extranjero. Desde 2006, Merino ha gestionado Alba Petróleos, empresa receptora de la cooperación venezolana, de la que en estos años derivaron otras 16 “albaempresas”.
“ES UNA PRIORIDAD”
Se empieza a romper el silencio que la nueva administración estadounidense mantenía respecto a América Latina, sólo quebrado por las continuas y obsesivas alusiones de Donald Trump exclusivamente a México.
Este mes el Vicepresidente Pence habló también en el centro Woodrow Wilson de Washington: “Latinoamérica es una prioridad para la administración Trump -dijo-. Nuestras asociaciones y alianzas en la región son de suma importancia para los intereses nacionales”. Se refirió después a las medidas tomadas esos mismos días por Trump hacia Cuba, a quien el Presidente dedicó un agresivo discurso. Pence señaló que Cuba no es la única nación del continente donde la libertad y la democracia están en claro deterioro.
Aunque las medidas de Trump no parecen adecuadas para transformar nada en Cuba y, al contrario, podrían perjudicar al incipiente sector privado cubano y también a intereses empresariales estadounidenses, el escenario en que Trump las anunció refuerza el poder y la influencia del activo grupo de congresistas cubano-americanos, que las consiguió de Trump. Son los mismos que para Nicaragua vienen impulsando desde hace meses la aprobación de la Nica Act.
¿SEREMOS PRIORIDAD?
¿Será Nicaragua una prioridad para Estados Unidos? ¿Qué le interesará finalmente al gobierno Trump-Pence y al lobby cubano-americano? ¿Preferirán la estabilidad que Ortega les ha garantizado durante una década en el poder o querrán arriesgarse a provocar una transición en nuestro país provocando así una imprevisible desestabilización? ¿Les bastará sancionar a algunos cuantos corruptos y vetar unos cuantos préstamos o querrán ir más al fondo del problema nicaragüense?
La mayoría de la población de Nicaragua, que después de años de guerra lo que más teme es otro conflicto e identifica “democracia” con “paz y progreso”, ¿estará lista para participar en una transición en la que el orteguismo pase a ser “oposición”?
FIRME RESPALDO A VENEZUELA
En los mismos días en que Pence sentaba posición sobre Venezuela, Ortega se solidarizaba con Maduro no sólo en la OEA, también en Naciones Unidas.
El l7 de junio, en Ginebra, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Nicaragua denunció la “campaña mediática sin precedentes que busca desprestigiar la obra humanista iniciada por el Presidente Hugo Chávez Frías y continuada por el Gobierno del Presidente Nicolás Maduro Moros”. Y manifestó su “más firme respaldo” al gobierno venezolano, “que procura, en esta hora de la historia, y mediante el diálogo político, superar los desafíos que hoy encara ese hermano país”.
En la OEA, tanto en las reuniones extraordinarias de cancilleres convocadas para tratar la crisis de Venezuela, como en la asamblea general del organismo regional celebrada en junio en Cancún, el representante del gobierno de Ortega ha sido el más activo protagonista en las maniobras destinadas a impedir que se llegue a una resolución en la que se le pide al gobierno venezolano libertad para los presos políticos y celebración de elecciones libres y observadas.
A fines de junio, y mientras se celebraba la asamblea en Cancún, el Presidente Ortega abandonó el lenguaje diplomático para referirse a los esfuerzos latinoamericanos y de la OEA para lograr un desenlace positivo en la crisis venezolana: “Los que hoy están en la OEA lanzados en contra de la República Bolivariana de Venezuela -dijo Ortega- piensan que, sacando resoluciones, sacando declaraciones, van a rendir a la Revolución Bolivariana… ¡Vergüenza debería darles a los que hoy escupen contra Venezuela! Están escupiendo al cielo y les está cayendo a ellos mismos en la cara ese escupitajo. ¡Una vergüenza más para la OEA!”
EN PRIMERA FILA CON MADURO
Lanzarse con este lenguaje contra la OEA es significativo porque Ortega mantiene desde octubre de 2016 un acuerdo con el secretario general de la OEA Luis Almagro, un acuerdo que le es útil para varios propósitos, que desembocan todos en la auto-legitimación.
Algunos explican la diatriba de Ortega como una expresión de la tensión no resuelta entre el mandatario y Almagro, tensión que se explicitó en mayo, cuando la misión técnica de la OEA, que vino a Nicaragua en representación de Almagro, decidió abandonar abruptamente el país, sin dar más explicación que un silencio elocuente.
También es verosímil explicar la diatriba considerando que Ortega está apostando a que Estados Unidos se decidirá a no desestabilizar a Nicaragua. Presentándose como el único que puede garantizar paz y estabilidad en el país -tema recurrente en sus últimas comparecencias públicas- no le importa correr el riesgo de aparecer en primera fila apoyando incondicionalmente a Maduro, a pesar del costo internacional que esto tenga.
HABRÁ ELECCIONES CON UN SISTEMA COLAPSADO
El escaso tiempo transcurrido desde el acuerdo de octubre 2016 entre Ortega y Almagro va demostrando que ambos saben que juegan en distintos plazos y con distintos objetivos y esperan desenlaces inciertos en el contexto internacional. Para el corto plazo, lo más concreto del acuerdo es el compromiso de la OEA, ratificado en junio: vendrán a observar las elecciones municipales del domingo 5 de noviembre.
Ese día se celebran en los 153 municipios del país los terceros comicios municipales de la “era Ortega”. En los primeros, en 2008, el partido de gobierno, que para esa fecha gobernaba sólo en 52 alcaldías las duplicó “ganando” 105, tras realizar el fraude electoral mejor documentado de la historia nacional.
En los segundos, en 2012, avanzó más y se adjudicó 135 alcaldías en comicios también considerados fraudulentos, aunque las pruebas no pudieron documentarse tan precisamente como sí se logró cuatro años antes.
Las anomalías organizadas deliberadamente en ambos comicios municipales, además de las que se organizaron en las elecciones presidenciales de 2006, en las de 2011, más la masiva abstención con que la población respondió a las presidenciales del 6 de noviembre de 2016, permiten concluir que el sistema electoral nicaragüense ha colapsado.
Es ésa la constatación de los organismos de observación electoral nacionales y seguramente es también la de la secretaría general de la OEA. Es eso lo que seguramente consta en el informe que en octubre de 2016 Almagro envió a Ortega y que no se ha hecho público.
En el acuerdo con Ortega que siguió a ese informe que no conocemos la OEA se ha dado un plazo de tres años para “fortalecer la institucionalidad electoral de acuerdo a los estándares regionales”, un eufemismo con el que confirma el colapso de la institucionalidad electoral en Nicaragua.
¿SERÁ OTRA FARSA?
Panorama Electoral, un consorcio de observación electoral que encabeza el organismo nacional Ética y Transparencia, ya declaró que las condiciones electorales para las votaciones municipales “son idénticas a las de 2016”. Eso significa que continúan en sus cargos las mismas autoridades electorales administrando la misma ley electoral y se mantiene la misma parti¬da¬ri¬z¬ación de todas las estructuras electorales, con la exclusión y la manipulación que han practicado durante años.
El Frente Amplio por la Democracia (FAD), que integra a una pluralidad de partidos y movimientos de oposición y que no participará en las elecciones, aunque en esta ocasión no llamará a la abstención, publicó a inicios de junio un monitoreo de las actuales “condiciones electorales”. En el documento señalan 52 anomalías legales y técnicas que justifican la incertidumbre que rodea las próximas elecciones.
Este monitoreo lo llevó en mano Violeta Granera, coordinadora nacional del FAD, a la asamblea general de la OEA celebrada en Cancún, entregándoselo a Almagro y a los cancilleres presentes en la reunión.
A los integrantes de la misión técnica de la OEA, dice Granera, “les reiteré que vendrán a observar otra farsa electoral”. A funcionarios de los países latinoamericanos presentes en la asamblea, “los encontré muy frustrados porque no veían avanzar el caso de Nicaragua con este acuerdo con la OEA. Y entre ellos también tuve información, no oficial ni confirmada, de que no han podido conseguir los recursos para la misión de observación, porque la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá no están entusiasmados con financiarla”. Días después, en Managua, la embajadora de Estados Unidos Laura Dogu, dijo que su país estaba dispuesto a financiar la misión, aunque no lo aseguró.
¿QUE PODRÁ VER LA OEA?
El compromiso de la OEA consiste en que cinco funcionarios expertos en temas electorales estén en Nicaragua durante tres meses antes del 5 de noviembre evaluando cómo se desarrolla el proceso electoral. Después, cuatro días antes de las votaciones, llegarían 120 observadores -el gobierno insiste en llamarlos “acompañantes”-, que en grupos de 40 estarán presentes en las tres ciudades más pobladas y con más votantes del país: Managua, León y Matagalpa.
Cuando, tanto el pequeño grupo de cinco, como el contingente de 120 llegue al país, encontrarán ya organizadas todas las estructuras electorales, las que en cada municipio presiden las mesas de votación, reciben a los votantes, comprueban sus firmas y cédulas, se encargan de resguardar las urnas y las boletas y cuentan y transmiten los resultados, momentos en los que se han realizado en anteriores ocasiones las principales anomalías fraudulentas.
En el mes de junio el Consejo Supremo Electoral (CSE) nombró a los miembros que nombrarán a esas estructuras: los consejos electorales municipales. El CSE asignó la presidencia de 79 consejos electorales municipales, entre ellos los de todos los municipios que son también cabeceras departamentales, los más poblados del país, al FSLN. La presidencia del resto, 74 consejos electorales municipales, se los asignó al PLC, cuya dirigencia mantiene una alianza soterrada con Ortega. La dirigencia del PLC aceptó esta “discriminación” con alguna protesta retórica, porque saben que es en municipios menos urbanos donde tienen más posibilidades de ganar algunas alcaldías.
¿SEÑALES DE CAMBIO?
El CSE asignó algunos cargos de menor importancia en algunos municipios menos relevantes a partidos sólo “de siglas” (APRE, PCN, ALN, PLI), que participan en clara complicidad con el FSLN para dar una imagen de pluralismo. Con estos partidos y en algunos municipios el PLC ha anunciado que hará una alianza.
Otros cargos, muy pocos, los asignó el CSE a miembros de los dos nuevos partidos que este año participarán en los comicios: el Partido de Restauración Democrática fundado y dirigido por el pastor de las Asambleas de Dios, Saturnino Cerrato; y Ciudadanos por la Libertad (CxL), integrado por dirigentes y bases del PLI, partido anulado en 2016 por decisión de Ortega para evitar competir con la alianza que encabezaba ese partido.
La mínima cuota asignada por el CSE a CxL y al PRD, especialmente a CxL, es una señal más de que el partido de gobierno no tiene ninguna voluntad de ceder cualquier espacio que le reste un control prácticamente total en las estructuras electorales.
Mientras Cerrato mantiene un perfil bajísimo, CxL trata de mantenerlo alto. Sin embargo, a pesar de sus reiteradas expresiones de que participará en estas elecciones, por ser la única vía que queda para enfrentar a Ortega, los dirigentes de CxL no las tienen todas consigo y no dejan de reconocer la falta de condiciones en las que el país se encamina a los comicios municipales.
CXL: “HAY QUE ESTAR DENTRO”
Son dos los grupos que pueden considerarse una real oposición al partido de gobierno y a su modelo de gobierno: el FAD y CxL.
Aún sin ningún cambio en el sistema electoral y con la evidente desconfianza y apatía con que la ciudadanía responde a esa evidencia, CxL considera que lo que hay que hacer es participar en las elecciones presentando candidatos a alcaldes y concejales en todos los municipios y organizando fiscales que defiendan el voto en todas las mesas de votación.
A pesar de las evidencias de que Ortega no ha hecho ningún cambio en el sistema electoral, confían en que podrán desempeñarse como una competencia real al partido de gobierno y ganar 40 ó 50 alcaldías por la garantía que les da la presencia de la OEA y porque confían “cien por ciento” en la labor que desempeñarán sus fiscales, que aseguran estarán presentes en todas y cada una de las más de 4 mil juntas receptoras de votos del país. Entre fiscales y suplentes eso significa un contingente de casi 30 mil personas “defendiendo el voto”.
Consideran desmovilizador y desmoralizador esperar a que cambie totalmente la estructura electoral, tan descompuesta, para participar. “Necesitamos estar dentro de lo que hay, hay que ir a las elecciones no sólo para ganar alcaldías, sino para denunciar y eso sólo lo podemos hacer estando dentro del proceso”, afirma Kitty Monte¬rrey, presidenta de Ciudadanos por la Libertad. Creen que la presencia de la OEA facilitará denunciar las irregularidades que están seguros habrá, y que sería irresponsable no aprovechar esa presencia.
CxL se proyecta como una alternativa que pueda atraer a empresarios y clases medias en el momento en que entre en crisis terminal el modelo orte¬guista. Aspira a ser el partido de derecha moderna que nunca han tenido. Participar en las elecciones les conviene también para irse organizando territorialmente.
Los liberales de este partido no dejan de tener en cuenta los inciertos desenlaces que ven, tanto en el gobierno de Trump como en la crisis venezolana. Incierta ven también la coyuntura nicaragüense de aquí a las presidenciales de 2021. Ante las incertidumbres han decidido ir “paso a paso” y participar en las elecciones municipales es el primero de esos pasos.
FAD: “NO QUEREMOS VENDER ILUSIONES”
La posición del Frente Amplio por la Democracia se basa, antes que nada, en rescatar la confianza de la población, que ha perdido la fe en el voto para cambiar las cosas después de tan continuos fraudes electorales. Por eso no participarán en las elecciones ni consideraron siquiera la posibilidad de solicitar al CSE personería jurídica como coalición para participar.
No llamarán a la abstención, como lo hicieron activamente en 2016 y respetarán la decisión de cada ciudadano de votar o no y de cada municipio de participar o no.
Su estrategia es cubrir el territorio nacional haciendo conciencia en la gente sobre lo insostenible del modelo orteguista e irla organizando. Comparten con la gente que no ha cambiado nada que garantice elecciones limpias y que Ortega no da ninguna señal de cambio ni tiene vocación de cambiar nada. “No queremos venderle a la población una ilusión, sabemos que habrá mucha frustración después de noviembre cuando los que se ilusionaron choquen con la realidad y esperamos que se den cuenta de que no hay que seguir participando bajo las reglas de Ortega, sino cambiar las reglas que Ortega impone”, dice el jurista liberal José Pallais, miembro de la coordinación del FAD.
El FAD da un voto de confianza a la OEA para que transforme sustantivamente el sistema electoral en los tres años de plazo que acordó para ello. Y espera que las presidenciales de 2021 sí sean el espacio en que se juegue realmente el poder. Hasta llegar a esa fecha van a dedicar todas sus energías a organizar a la población en torno a sus intereses territoriales. En cada territorio, más que buscar candidatos para ejercicios electorales, buscan vincularse a los problemas más sentidos de la población para acompañar sus reclamos y así ir aumentando la masa crítica que se movilice contra el modelo orteguista. En lo único en que hasta el momento coinciden CxL y el FAD es en rechazar cualquier vinculación con las alianzas que está organizando Arnoldo Alemán y el PLC en algunos municipios.
FSLN: SIN DEBATE
Al finalizar el mes de junio, el partido de gobierno convocó a una Asamblea Sandinista Nacional donde se anunció la convocatoria de un Congreso Sandinista Nacional para anunciar su estrategia para las municipales.
Ambos eventos fueron reuniones estrictamente formales con una coreografía previsible. En la Asamblea, los asambleístas aprobaron, por unanimidad, a mano alzada, sin debate, y después de escuchar una única palabra, la de Daniel Ortega, un único acuerdo: celebrar días después el Congreso.
En el Congreso, después de escuchar una única palabra, la de Daniel Ortega, los congresistas aprobaron, por unanimidad, a mano alzada y sin debate, cuatro resoluciones que leyó solemnemente la Vicepresidenta Rosario Murillo.
Las cuatro se resumen en una única resolución: el Congreso, celebrado con el lema Siempre 19, Siempre al Frente, Siempre Más Allá! 38/19, En Paz y en Victorias! acordó “facultar” a Ortega para que integre las alianzas y ratifique a todos los candidatos del FSLN a cargos municipales, y acordó “confirmar” que esos candidatos sean seleccionados por “una consulta electoral por encuestas” realizadas dentro del “modelo democrático evolutivo” que el partido viene realizando desde 2012.
¿Traerán alguna novedad las alianzas que ratificará Ortega? ¿Personalidades locales, candidatos de fuera de sus filas…? ¿Terminarán aliándose Ortega con las Asambleas de Dios de Cerrato?
“EL PARTIDO SOY YO”
En los discursos de Daniel Ortega en ambos eventos de su partido sus palabras dejan entrever la crisis que planea sobre el país y sobre el modelo que le ha impuesto. De ahí la insistencia en vincular el resultado de estos comi¬cios municipales a la paz. Evocaban los discursos que precedieron las elecciones de 1990, cuando, salvadas todas las distancias con el momento actual, el contexto internacional era tan crítico para Nicaragua.
Por las plenas facultades que se le entregaron y por esta insistencia en presentarse como garante de la estabilidad, en ambos discursos se escuchaban implícitamente en sus palabras dos mensajes “El partido soy yo” y “La paz la garantizo yo”.
¿QUÉ AUTONOMÍA?
¿Qué nivel de autonomía tendrán los seleccionados por el partido de gobierno para ocupar alcaldías y aquellos a los que, bajo la bandera de CxL o del PLC o de cualquiera de los “partidos de siglas” se les asignen cargos municipales?
Para el experto en municipalismo, Silvio Prado, después del fraude electoral en las municipales de 2008 “empezó la agonía de la autonomía municipal”. En una entrevista en mayo en el programa “Esta Semana”, Prado recordó que desde entonces, los secretarios políticos del FSLN en los municipios fueron imponiendo su autoridad sobre los alcaldes electos bajo la bandera del FSLN.
Más recientemente, el poder local se ha concentrado en una nueva estructura partidaria creada desde el Ejecutivo: el Consejo de Gobiernos Locales, presidido por el secretario de la alcaldía de Managua, Fidel Moreno, considerado por algunos “el número tres” del actual poder.
Acompañado por otros cinco funcionarios (el vicepresidente del CSE Lumberto Campbell, la presidenta ejecutiva del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom), Guiomar Irías, y los alcaldes Sadrach Zeledón (Matagalpa), Leónidas Centeno (Jinotega) y Francisco Valenzuela (Estelí)), reúne cada semana a los alcaldes del FSLN de todo el país para “bajarles línea”.
Para Prado, “los secretarios políticos del partido de gobierno son la aberración más grande que puede haber dentro de la administración pública por ser entidades del ámbito privado que se deben al partido y no a la población y porque actúan como enlaces verticales del aparato de dominación que funciona de arriba hacia abajo”. Era éste el modelo que el FSLN practicó ya en la década revolucionaria de los años 80, siguiendo el modelo cubano, epítome de las izquierdas autoritarias latinoamericanas, como explica Rafael Rojas en este mismo número.
Ahora -dice Silvio Prado, y según los hallazgos de una investigación que realiza- “los secretarios políticos cada vez pesan menos” y los ha sustituido el Consejo de Gobiernos Locales. Este cambio revela “una vertebración partidista para controlar y disminuir al mínimo el margen de incertidumbre que padecen todos los gobiernos autoritarios”.
Y es que no es sólo la sociedad nicaragüense la que camina hoy incierta ante los desenlaces que tengan las crisis internacionales que nos afectan. También el gobierno Ortega-Murillo sufre la incertidumbre.
¿HABRÁ DE NUEVO TANTA ABSTENCIÓN?
Una incertidumbre del gobierno tiene seguramente que ver con lo que les pasó en las elecciones del 6-N. Si Ortega recibe a la misión de la OEA para que “acompañe” los comicios de noviembre lo hace únicamente para darle alguna legitimidad a los resultados de esa contienda apostando a que eso pueda influir en los congresistas que promueven la Nica Act.
¿Y si se repitiera el abstencionismo que vimos el año pasado? Aunque los resultados que brinde el CSE lo camuflen, ¿podrá ocultársele una abstención masiva a la OEA en las tres ciudades más pobladas del país, en las únicas en las que tendrán presencia, ciudades en donde el abstencionismo fue tan grande y se hizo tan patente el 6 de noviembre de 2016?
¿HABRÁ “NICA ACT”?
Con mirada cargada de otras incertidumbres el gobierno otea inquieto hacia el Sur, en donde el modelo venezolano agoniza, y hacia el Norte, donde la Nica Act avanza.
Aunque este mes no se conoció de ningún nuevo avance, sí apareció una nueva señal cuando el 14 de junio el representante del gobierno de Estados Unidos en el consejo de administración del Banco Mundial se abstuvo de votar a favor de un préstamo de 18 millones de dólares solicitado por Nicaragua para avanzar en el proyecto de titulación y registro de propiedades.
El presidente de la cúpula empresarial agremiada en el COSEP, José Adán Aguerri, no ocultó que la abstención de Estados Unidos es “una señal particular”. Y en tono que reflejaba preocupación y cierta sorpresa añadió: “No nos conviene que esté pasando esto”.
EN LA MIRA DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO
Para el ex-Canciller liberal Francisco Aguirre Sacasa, quien trabajó en puestos de dirección en el Banco Mundial durante 28 años, la abstención significa que “Washington nos va apretando la soga cada vez más y que las relaciones se complican cada vez más”. Considera que, aunque el préstamo haya sido aprobado a pesar de la abstención de Estados Unidos, el accionista más importante del BM, con 16% de las acciones, eso no le quita importancia a la señal.
Para Aguirre Sacasa las relaciones de Estados Unidos con Nicaragua son cada vez más complicadas porque el “descontento” con el gobierno de Ortega “por el serio deterioro de la gobernabilidad política” y por las relaciones con Corea del Norte, Rusia, Irán y Venezuela, se ha trasladado ya del Congreso, en donde se cocina la Nica Act, a la administración Trump: el recorte de la ayuda a Nicaragua en el proyecto de presupuesto sometido a la Casa Blanca -dice Aguirre Sacasa- fue incorporado en el presupuesto por el propio Secretario de Estado Rex Tillerson y fue el Departamento del Tesoro el que ordenó al representante estadounidense que se abstuviera en el préstamo del Banco Mundial a Nicaragua. Ya no son sólo los congresistas, hay más altos funcionarios que tienen a Nicaragua en la mira.
¿CON “LA MARCA DE CAÍN”?
El ex-Canciller Aguirre Sacasa viene insistiendo en toda entrevista que brinda del error que representa restarle importancia a la aprobación de la Nica Act. “Está de moda -dice- en algunos círculos nicaragüenses decir que la Nica Act no tiene dientes y que es administrable… No será fácil de administrar. Cuan grave sea dependerá de su diseño final. Pero te aseguro que con sólo tener una Nica Act encima, el clima de inversiones se verá perjudicado y eso se reflejará por doquier, incluyendo las valoraciones que de Nicaragua publican las agencias crediticias, Moodys, Standard & Poors, Fitch... En términos bíblicos, la Nica Act sería una suerte de “marca de Caín” que llevaríamos en la frente”.
CAMBIOS URGENTES QUE NUNCA SE HICIERON
El 19 de este mes de julio Nicaragua recuerda un aniversario más de la Revolución, un acontecimiento protagonizado por todo un pueblo, que derrocó a una dictadura de casi medio siglo y sembró grandes esperanzas.
Otra guerra después de la guerra de liberación para salir de Somoza y las secuelas que toda guerra deja, y muchos otros graves errores de la dirigencia revolucionaria hicieron imposible los cambios estructurales que Nicaragua necesitaba.
38 años después esos cambios siguen pendientes y son cada vez más urgentes. Lo demuestra el modelo de extractivismo depredador de los recursos naturales -del que habla con pasión preocupada el Centro Humboldt en páginas siguientes- y la despreocupación por invertir en una educación de calidad.
Este modelo, vigente durante siglos, con estos desafíos pendientes y nunca asumidos por ningún gobierno, ponen en riesgo todo el futuro que soñamos al iniciar la Revolución y el futuro democrático que apenas iniciamos después de ponerle fin a la guerra civil de los años 80.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica