En disputa los cimientos de la impunidad

En su discurso de toma de posesión el Presidente de El Salvador Mauricio Funes criticó al partido ARENA por “gobernar para pocos, ser complaciente con la corrupción, y temer y ser cómplice del crimen organizado”. Y se comprometió a dirigir un gobierno que no será como los de ARENA, “de privilegios de familias, de abuso de clientelas y de los vicios de padrinazgos sombríos”. Para cumplir con todo esto, las limitaciones son hoy por hoy más que las posibilidades.

Elaine Freedman

El combate a la corrupción fue una de las promesas del FMLN y del entonces candidato Mauricio Funes que tuvo mayor resonancia en la población durante la campaña electoral.

A partir de su primer discurso oficial, cuando fue proclamado candidato a Presidente por el FMLN en noviembre de 2007, Funes dijo: “Siendo candidato, el Presidente Saca aseguró que durante su gobierno a los malacates se les acabaría la fiesta. ¿Qué ha pasado en estos tres años? No sólo no se ha acabado la fiesta, ¡la han trasladado a Casa Presidencial! Nosotros sí combatiremos la delincuencia, nosotros sí acabaremos con la fiesta que hoy celebran los malacates”.

EL CARNAVAL DE LOS MALACATES

El Salvador es un país emblemático en materia de corrupción e impunidad. Según Transparencia Internacional, un instituto dedicado a medir niveles de corrupción en los distintos países del mundo. El Salvador saca una nota de 4.2 en la escala de transparencia, “lo que indica altos niveles de corrupción”, se lee en su informe. Ocupa la casilla 59 en un listado de 133 países que se destacan por sus prácticas corruptas.

Es el único país en Centroamérica que nunca ha logrado procesar a un Presidente, ex-Presidente o Ministro por actos de corrupción, a pesar de las incontables acusaciones, casos y sentencias que han aparecido contra los últimos cuatro presidentes -todos de ARENA- y sus altos funcionarios. La administración de Francisco Flores fue un caso patético: 13 funcionarios incluyendo a Flores fueron señalados de “irregularidades en enriquecimiento” por la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.

En América Latina, El Salvador es el país con mayor deuda en materia de derechos humanos por crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado. El ex-Presidente de la República y recién electo presidente del partido ARENA. Alfredo Cristiani, fue denunciado este año 2009 en España, junto a catorce militares, por el asesinato en noviembre de 1989, de seis padres jesuitas y dos mujeres que trabajaban con ellos.

El juez no aceptó la querella contra Cristiani, argumentando que el delito de encubrimiento no tiene persecución universal.

Junto a estos casos, entre los más sonados, está el creciente desarrollo del crimen organizado, que ha ampliado su accionar con el narcotráfico, el tráfico de armas, el lavado de dinero, el robo a gran escala y la trata de personas, con nexos comprobados en la Policía Nacional Civil. En estos veinte años la “fiesta de los malacates” se convirtió en carnaval.

El pueblo gritó ¡cambio! con sus votos el 15 de marzo y ganó el Poder Ejecutivo. Ahora, cuando corresponde renovar a buena parte de los funcionarios de elección de segundo grado, se evidencia que los cimientos de la impunidad están más allá de este triunfo popular. El proceso de elección de estos funcionarios, que corresponde a los diputados de la Asamblea Legislativa, expresa que falta mucho para que ese cambio se generalice a nivel nacional. Muestran que, puesta sobre la balanza la correlación de fuerzas del país, la justicia mantiene aún un saldo negativo.

LAS INSTITUCIONES
QUE HOY ESTÁN EN JUEGO

Según la Constitución, son electos por la Asamblea Legislativa: el Presidente y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Presidente y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, el Presidente y los magistrados de la Corte de Cuentas de la República, el Fiscal General de la República, el Procurador General de la República, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura. Todos ellos requieren una mayoría calificada en la Asamblea (56 de los 84 votos), con la excepción de los funcionarios de la Corte de Cuentas, que requiere solamente una mayoría simple (43 de los 84 votos).

Suele argumentarse que a los funcionarios de segundo grado no se los elige por voto popular por el perfil técnico que requieren. No fue siempre así. La primera Corte Suprema de Justicia, establecida en la Constitución de 1824, contaba con cinco magistrados, tres de los cuales fueron electos por voto popular. Fue hasta 1886 que se estableció que serían los diputados de la Asamblea Legislativa quienes elegirían a sus integrantes. La Procuraduría General de la República y la Fiscalía General de la República fueron establecidas en la Constitución de 1950. La Corte de Cuentas de la República data de 1940 y el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) data de 1983. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) son hijos de los Acuerdos de Paz, así como lo es la figura actual de la CNJ.

José María Méndez, abogado y Coordinador General del Foro para la Defensa de la Constitución, recuerda que el mecanismo establecido para la selección de los funcionarios de segundo grado se instauró en la Constitución de 1950. Era la época del Consejo de Gobierno Revolucionario, resultado de un golpe de estado y el Partido Revolucionario de Unificación Democrática (PRUD), bajo el liderazgo del Presidente y teniente coronal Óscar Osorio, se proponía imitar en muchos aspectos al PRI mexicano.

“Ahí se define el modelo que hasta la fecha está vigente, con modificaciones a veces importantes. El poder real, que es el poder económico, determina la existencia de un partido oficial con mayoría en la Asamblea. Con esta mayoría en la Asamblea se garantizaba que, con las elecciones de segundo grado, ellos nombraban a quienes les daba la gana. Y siempre existía un partido de oposición que en ese momento era el PAR (Partido de Acción Renovadora), que no tenía suficientes votos para obstaculizar al partido mayoritario”, dice Méndez. De esta forma se garantizó mantener un funcionamiento autoritario con una fachada democrática.

Una mirada a las funciones de cada una de estas instituciones nacionales muestra que, casi todas, tienen en sus manos el destino de la tan ansiada justicia. En su conjunto, deben garantizar la lucha contra la corrupción y la impunidad en la sociedad salvadoreña. A la Fiscalía le toca iniciar las investigaciones, a la Corte Suprema juzgar los hechos y a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos vigilar. En el ámbito de las finanzas públicas, la Corte de Cuentas es responsable de controlar el buen uso de los bienes públicos y el Tribunal Supremo Electoral es el responsable de garantizar un proceso electoral limpio. La Procuraduría General de la República es la encargada de la defensoría pública para brindar un proceso justo a los más necesitados, entre ellos los trabajadores y trabajadoras despedidos sin justa causa.

EL REPARTO HISTÓRICO
DEL PASTEL

María Silvia Guillen, directora de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) explica: “Todos estos puestos se han convertido en un pastelito codiciado que se pone en la mesa cada cierto tiempo y los partidos políticos se sientan alrededor de esta mesa y empiezan a negociar cuotas”.

“La historia nos dice que la Fiscalía General de la República es de ARENA y a cualquiera que pregunte ¿Y eso en qué ley está? hay que responderle. En ninguna ley. Ésos son arreglos partidarios que uno, desde la ciudadanía, acepta como realidades que así son. La Corte Suprema de Justicia se reparte normalmente entre los partidos mayoritarios: ARENA, FMLN, PCN y posiblemente el PDC. La Procuraduría General de la República es de la Democracia Cristiana. La Corte de Cuentas de la República es del PCN. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha quedado un poco independiente. ARENA dice que esta vez le toca a ellos porque siempre ha sido de la “oposición”. Y la CNJ es un organismo mixto como la Corte”.

PRUEBA NÚMERO UNO: ASAMBLEA LEGISLATIVA

En víspera de la toma de posesión del gobierno por Mauricio Funes, el pueblo pensó que ya sería el momento de los cambios. El 1 de mayo fue una primera prueba y el saldo fue favorable a las fuerzas de derecha. En medio de negociaciones entre los dos partidos mayoritarios, el FMLN y ARENA, para establecer un mecanismo de turnos entre los dos para la presidencia de la Asamblea Legislativa, y sólo horas después de que Alfredo Cristiani retomara oficialmente las riendas del partido. ARENA logró un pacto con el PCN y el PDC para juntar sus 48 votos a favor del pecenista Ciro Cruz Zepeda.

Fue la primera prueba de la nueva Asamblea y la derecha mostró su capacidad para mantener el control del órgano legislativo. Al día siguiente, Cristiani argumentó su acción en un matutino nacional: “ARENA no va a dejar nunca a los que eran más amigos y afines. El Frente tiene que tomar en cuenta eso. No vamos a hacer nada que perjudique la alianza de derecha. Si la estrategia del Frente es dividirnos, a mí no me van a engañar”.

PRUEBA NÚMERO DOS:
REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS

14 días después, el Presidente de la Asamblea Legislativa, Ciro Cruz Zepeda, convocó de manera extraordinaria a la Comisión de Reformas Electorales para dictaminar sobre dos expedientes que reformarían el Artículo 80 del Código Electoral y tres artículos de la Ley de Creación del Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN). El RNPN es la institución encargada de entregar y vigilar los Documentos Únicos de Identidad (DUIs) y fue convertida por los gobiernos de ARENA en una estructura para el fraude electoral.

Se trataba de quitarle, sin más trámites, la potestad al Presidente de la República para nombrar al Presidente o Presidenta del RNPN y pasar esta atribución al Tribunal Supremo Electoral (TSE), donde es probable que la derecha siga teniendo mayoría, aún después de una nueva elección, que debe realizarse pronto y que, constitucionalmente, dejaría en la presidencia a un magistrado del FMLN.

PRUEBA NÚMERO TRES:
FISCALÍA GENERAL

Para los puestos que actualmente están sobre la mesa -la Fiscalía General, los Magistrados de la Corte Suprema y la Procuraduría General de la República- se necesita una mayoría calificada. Esto requiere que la derecha negocie con el FMLN.

ARENA ya quemó su carta original para la Fiscalía. Inicialmente, apostó a la reelección del Fiscal anterior. Félix Garrid Safie. Sin embargo, tras aparecer envuelto en un escándalo de corrupción con el ahora fallecido ex-director departamental de ARENA en San Salvador, tuvieron que cambiar de candidato. Había otra carta escondida: al principio del año, y en vísperas de perder la Presidencia. ARENA movió a alguna de su gente a puestos “seguros” fuera del Ejecutivo. En este ajedrez preelectoral, el viceministro de Seguridad Pública, Astor Escalante, cambió de trabajo. Escalante renunció a su cargo el 15 de enero y fue nominado Fiscal General Adjunto sólo horas después. Ya en ese momento, el autor anónimo de una página electrónica pronosticó: “El actual Fiscal Garrid Safie está cerca de concluir su mandato constitucional de tres años. Para elegir un nuevo Fiscal, la Asamblea Legislativa necesita del voto de los dos tercios de los diputados, cifra difícil de conseguir para ARENA, pues necesita de los votos del FMLN. Por tanto, no sería raro que pasen varios meses antes de que logren un acuerdo”.

Y así fue. El 19 de abril se cerró el período de Félix Garrid Safie. La Asamblea Legislativa logró depurar la lista de 21 aspirantes a 10, sacando a aquellos que claramente no llenaban los requisitos o que no tendrían ninguna posibilidad de captar los 56 votos necesarios por razones políticas. Astor Escalante fue uno de los depurados. Sin embargo, al quedar acéfala la institución, Escalante se autodeclaró “Fiscal General en Funciones”, avalado por el bloque de derecha en la Asamblea Legislativa. Por si no bastara, propuso que se le reintegrara a la terna de candidatos para ser electo como próximo Fiscal General de la República.

UNA PEQUEÑA
PERO CRECIENTE OPOSICIÓN

Astor Escalante -un antiguo litigante del más importante gremio empresarial del país, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y quien tiene pendiente en la misma Fiscalía una petición de investigación por su participación en la masacre del Centro Penal de Apanteos (2007), cuando fungió como Viceministro de Seguridad Pública -ha logrado mantenerse ilegalmente en el cargo de Fiscal. Sin embargo, la oposición a esta arbitrariedad ha ido creciendo como una bola de nieve.

Después de quedar la Fiscalía sin titular, se creó el Movimiento por la Elección de un Fiscal independiente casi espontáneamente. Un grupo de abogados, algunas ONG y las asociaciones de víctimas de violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado se autoconvocaron para protestar contra lo que consideran un proceso plagado de irregularidades y exigir transparencia en la elección de un fiscal independiente. Recuerdan a los diputados de la Asamblea Legislativa que culminar esta elección antes de cumplir el plazo del Fiscal General anterior fue su deber constitucional, y que el Código Penal contempla acciones tendientes a establecer responsabilidades en casos de omisión al cumplimiento del deber.

UNA JUEZA VALIENTE

En el municipio de Mejicanos, al norte del Área Metropolitana de San Salvador, la Jueza 2do de Paz, Violeta Lino Mejía, dijo NO al Fiscal “de facto” y SÍ a la Constitución. “El día que terminó sus funciones el Fiscal General, también las terminó el Fiscal Adjunto porque él no ha sido electo por la Asamblea Legislativa”, sentenció la Jueza. “En la mañana del día 20 se presentaron tres Fiscales con requerimientos. Se les previno que se acreditaran a la hora de la Audiencia”. Tres días después se dio la primera audiencia y la defensa solicitó declarar nulo el caso, puesto que el fiscal presente no tenía acreditación de un Fiscal General constitucionalmente electo. La jueza respetó esta petición de la defensa porque “a partir del 19 de abril, la Fiscalía quedó acéfala”.

Este mismo escenario se dio en los once casos siguientes y todos ellos fueron apelados por la Fiscalía. Pero, para sorpresa de Astor Escalante y sus subalternos, la Cámara Primero de lo Penal de San Salvador confirmó la posición de la jueza en todas sus resoluciones.

Unos días después, la jueza recibió tres amenazas de muerte en su hogar. A ella no le cabe duda que están relacionadas con la posición que ha adoptado. “No me han podido callar mediante amenazas jurídicas, entonces recurren a lo más pobre que pueden hacer. Pero yo sólo quiero que alguien grite en el desierto para que hagan respetar la Constitución”.

PRUEBA NÚMERO CUATRO:
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

La Corte Suprema queda en una situación parecida a la de la Fiscalía el 30 de junio, cuando se termina el período de cinco de sus quince magistrados. “Nos estamos aproximando a una situación que podría ser crítica para la institucionalidad del país”. Así describe Ulises de Dios Guzmán, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el enredo jurídico provocado por la pre-selección de magistrados al máximo tribunal.

En marzo de 2009 se inició el proceso de pre-selección de candidatos, realizado por la Federación de la Asociación de Abogados de El Salvador (FEDAES) instancia controlada por un grupo de profesionales que no gozan de credibilidad en su gremio. Dentro del Consejo Nacional de Judicatura se dio un proceso complementario, pues ellos presentan el listado final a la Asamblea Legislativa. Estos mecanismos, producto de los Acuerdos de Paz, en un intento de democratizar la elección de estos funcionarios, han caído en vicios como el compadrazgo y el pago de favores, según juristas vinculados al Movimiento por la Elección de un Fiscal Independiente.

En un hecho sin precedentes, la lista final que fue presentada a la Asamblea Legislativa, no fue del agrado del partido ARENA, puesto que la mayoría de los nombrados no eran personas incondicionales de este partido y algunos que cumplen con los requisitos establecidos tienen relaciones históricas con el FMLN.

El periódico digital “El Faro” informó sobre una reunión que sostuvo la Comisión Política de ARENA -máxima autoridad del partido en ese momento- con la entonces bancada del partido y con los diputados electos para el período 2009-2012. “En esa reunión, ARENA definió tres cosas: vetar a los tres funcionarios del Consejo Nacional de la Judicatura que se autopropusieron en la lista de candidatos para magistrados de la Corte Suprema de Justicia, vetar a otro de los candidatos de esa misma lista (Fabio Castillo, ex-coordinador general del FMLN) y dar por perdida la batalla (por la Fiscalia) con Safie”.

Se valieron del primer acuerdo para argumentar que la lista de pre-candidatos no servía y que habría que empezar de nuevo el proceso. De hecho, es de amplio consenso de todos los interesados, que la iniciativa de tres miembros de la CNJ, de incluirse ellos mismos en la terna de pre-candidatos, fue una acción abusiva que todos califican como anti-ética y algunos como inconstitucional.

Pero el partido ARENA lo ocupó para bloquear la elección de los magistrados en su totalidad. La Viceministra de Turismo y aspirante a pre-candidata, Michelle Gallardo, presentó una demanda de amparo a la Corte Suprema, argumentando que, al incluirse en la lista, los miembros de la CNJ habían violentado su derecho a ser elegida como pre-candidata. La Corte aceptó la demanda y ordenó a la Asamblea Legislativa suspender el nombramiento de los nuevos magistrados hasta que resuelva el caso demandado por Gallardo.

A simple vista, la demanda de la viceministra parecía sin fundamentos. Es un razonamiento poco sostenible argumentar que la acción de los miembros de la CNJ le perjudica a ella o a cualquier otro porque, de todos modos, no había ninguna seguridad que ella hubiera sido escogida al excluir los tres autonombramientos. Más allá de eso, es totalmente inverosímil que, producto de su frustrada expectativa, se ordene a la Asamblea Legislativa -un actor totalmente ajeno a su malestar- incumplir con su deber constitucional. Jaime Martínez, abogado y analista jurídico, califica la decisión como “insólita, sin precedentes y sin fundamentos jurídicos” y sospecha que “la facilidad con que la Corte aceptó este amparo nos demuestra que estamos asistiendo a algo que ya estaba concertado”.

Lo cierto es que el nuevo presidente del COENA, Alfredo Cristiani, quedó contento. En relacion a otro disgusto él había comentado anteriormente: “Si el partido de gobierno cree que así como trató de tomarse la Corte con esa lista tan nefasta que sacó la CNJ, ahí va a ver que ARENA se le va a parar en seco. No vamos a permitir que la democracia se ponga en riesgo”. Es obvio que el “miedo a que el FMLN pueda tomarse la Corte” no tiene nada que ver con los autonombramientos y vale aclarar que los tres ambiciosos de la CNJ no tienen ninguna cercanía ni simpatía con el FMLN.

¿CÓMO SE HICIERON
LAS GRANDES FORTUNAS?

La magistrada de la Corte Suprema, Mirna Perla, afirma: “Lo que quieren dejar amarrado los sectores del poder económico es a las instituciones que tienen que ver con la posibilidad de que a ellos se les persiga. Las grandes fortunas que se han acuñado aquí han sido a partir de evadir impuestos, de traficar con drogas o blanqueo de dinero. Ese tipo de cosa no se puede hacer sin estar en las esferas más altas del poder”. En el caso de los magistrados de la Corte Suprema y del Fiscal General de la República, donde este amarre tiene que pasar por un acuerdo con el FMLN por requerir del voto calificado, a ARENA no le queda más remedio que obstaculizar el proceso.

En los últimos años, la Corte ha sido responsable de decisiones como la de quitar a la sección de Probidad la potestad de investigar irregularidades en declaraciones patrimoniales. Ha amparado también políticas de ARENA que amenazan la soberanía nacional como la política de dolarización vigente desde 2001 y la presencia de la base de monitoreo de drogas del ejército de Estados Unidos con inmunidad diplomática para todo su personal.

Otro caso fue respaldar la decisión del Tribunal Supremo Electoral de prorrogar la existencia de los partidos PDC, CD y PCN, a pesar de que el Código Electoral exigía la cancelación de su inscripción por no recibir el mínimo de votos necesarios en las elecciones de 2006. Además de todo esto, respaldó sin fundamento jurídico la inclusión del PCN en el Tribunal Supremo Electoral. No es casualidad que este partido, que aún en las recientes elecciones de 2009 ganó la totalidad de sus 11 diputados a puros residuos electorales, ostente actualmente -en la persona del desacreditado Ciro Zepeda- la Presidencia de la Asamblea Legislativa, a quien corresponde la elección de los titulares de las instituciones fiscalizadores y de la Corte Suprema de Justicia.

“No es que ARENA le tenga miedo a un Fiscal o a Magistrados que responden a una línea partidaria del FMLN”. ARENA
le teme a un Fiscal y a una Corte independiente”, concluye Jaime Martínez.

ACUERDOS FMLN-ARENA:
¿HASTA DÓNDE?

El viernes 22 de mayo los salvadoreños conocieron de un pacto firmado, el día anterior, entre el Presidente saliente, Elías Antonio Saca, el Presidente entrante, Mauricio Funes, el Presidente del COENA, Alfredo Cristiani y el Coordinador General del FMLN, Medardo González.

La esencia del pacto es una serie de acuerdos económicos, que incluyen la reorientación de préstamos y la aprobación de venta de bonos para facilitar liquidez a un gobierno ya en quiebra y cancelar deudas pendientes. En el último acuerdo del pacto, fuera de tono con los demás puntos, se comprometieron a procurar la elección del Fiscal y los Magistrados de la Corte Suprema. Especifican que estos deben ser “profesionales independientes, imparciales, honestos en los cargos”.

Sin embargo, la duda se acrecienta. ¿Qué es lo que realmente se pactó ahí? Jaime Martínez lo analiza así: “El FMLN no tiene la capacidad de poner un fiscal incondicional a su partido, pero ARENA sí. Negociar la Fiscalía sería el peor error del FMLN”.

PRUEBAS PENDIENTES

En los meses siguientes al cambio de gobierno, la elección de los miembros del Tribunal Supremo Electoral y de la Procuraduría General de la República estarán en el centro del debate. En 2010 le tocará al Titular de la Corte de Cuentas de la República. En el caso del TSE, la Constitución establece que el partido que haya ganado las elecciones presidenciales tiene la presidencia el segundo partido tiene el segundo magistrado y la Corte Suprema nombra a los otros dos integrantes. La elección de marzo de 2009 deja vacía la tercera magistratura debido a que sólo dos partidos participaron en la contienda. Sin embargo, es de esperar que la Asamblea Legislativa resuelva incluir a un representante del PCN, garantizándole así una correlación mayoritaria a la derecha dentro de esta instancia.

La Procuraduría General de la República parece no interesar a nadie y sólo el actual Procurador levanta la voz para promover su propia reelección. No hay duda sobre la importancia de esta institución, pues tiene a su cargo la defensa de los pobres y la de los trabajadores. Sin embargo, su misma ineficiencia ha llevado a esta institución a no ser interesante para nadie.

Los sindicatos podrían interesarse en ella debido al mandato del Procurador, que es defender a los trabajadores injustamente despedidos. Pero parece que dinamizar una demanda en la Procuraduría ha sido tan desgastante y los resultados que produce son tan escasos que la mayoría de sindicatos prefieren conseguir dinero para contratar abogados particulares. Las víctimas de la injusticia en el sistema penal podrían manifestar interés, puesto que la institución debe trabajar a su favor, pero difícilmente se organiza a esta población y el movimiento social y popular aún no reconoce como propias las necesidades de este sector.

La Corte de Cuentas de la República, cuyo titular deber elegirse en 2010, será el caso más fácil para la derecha. La elección requiere una votación de mayoría simple. Por eso, no será necesario negociar con el FMLN y la derecha podrá garantizarse a una persona de su confianza, alguien a quien no le interese que la población conozca la realidad de los fondos públicos del país. Dice Maria Silvia Guillen: “En los Acuerdos de Paz parece que no se dieron cuenta que había una Corte de Cuentas, porque no la tocaron. Es una deuda pendiente que pasa por una reforma constitucional”. Para mientras, que haya justicia en la Corte de Cuentas es un sueño demasiado irreal.

¿CAMBIO EN EL RÉGIMEN
DE CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD?

El 1 de junio se inició el gobierno de Mauricio Funes. En su discurso inaugural, el nuevo Presidente ya lo advirtió: “El cambio no comienza por la voluntad individual de un Presidente”.

El Ejecutivo puede cambiar la visión y el enfoque de la Seguridad Pública con los que esta institución orienta sus políticas. Además, tiene la posibilidad de hacer cambios importantes en la Policía Nacional Civil y Funes ya se ha comprometido con la depuración de esta instancia del Estado. También puede hacer que los funcionarios que nombró para su gabinete -sensatez y honradez son los valores con los que los caracterizó en su discurso inaugural- sean evaluados constantemente
bajo estos criterios.

Más allá de esto, las limitaciones son más que las posibilidades. El sistema está hecho para favorecer a los que más tienen y mientras no se cambie el sistema, es difícil que la correlación de fuerzas pueda arrojar un saldo positivo para la justicia.

EDUCADORA POPULAR. CORRESPONSAL DE ENVÍO EN EL SALVADOR.

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